El futuro de la cadena de electrodomésticos Establiments Miró y de sus 566 empleados se decidirá esta semana. La magistrada del juzgado de lo mercantil número 1 de Barcelona dio ayer 48 horas a la administración concursal para que estudie las dos ofertas de compra que finalmente han quedado encima de la mesa y elabore un informe, así como al comité de empresa para que presente un escrito. Según fuentes próximas al proceso, la administración se plantea declarar desierta la puja y continuar la liquidación de Miró con la venta de los activos por separado, opción que lógicamente tiene muy inquietos a los trabajadores.

La empresa catalana, que debe 80 millones de euros y cuenta todavía con 86 tiendas y una plantilla de 566 personas, volvió a caer en concurso de acreedores hace unos meses al no poder cumplir los plazos fijados en el convenio alcanzado a finales del 2011, cuando suspendió pagos por primera vez.

Después de que el fondo Sherpa Capital se retirara ayer, sólo quedan dos ofertas. La primera es de un grupo de exdirectivos de Miró, agrupados bajo Electodomèstics Nou Model, que la han subido en cien mil euros, hasta los 600.000. La segunda, de una sociedad controlada por exsocios de Thesan Capital. Ofrece 1,5 millones, pero condicionados a que las existencias de Miró tengan un valor superior a 20 millones. Además exigen quedarse en propiedad y sin cargas las tiendas propias de Miró, mientras que Nou Model acepta mantener el contrato de alquiler un año.

Según fuentes próximas al proceso, la administración concursal "tiene muchas ganas" de rechazar ambas ofertas, que considera insuficientes, y proceder a la liquidación. Significaría el despido de toda la plantilla (formada mayoritariamente por mayores de 40 años), si bien se rumorea que una empresa de electrodomésticos se plantea comprar siete u ocho tiendas.

Tampoco está claro que para los acreedores la liquidación sea la mejor opción. El valor de las existencias de Miró se estima en 18-20 millones, pero bajo presión podría acabarse vendiendo por un tercio, calculan los expertos. También habría que sumar las indemnizaciones a los empleados o las penalizaciones al rescindir los contratos de alquiler de las tiendas.

Gemma Saura

La Vanguardia

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