Hemos superado ya las cinco semanas desde que la declaración del estado de alarma en España marcara el inicio de un confinamiento severo en el que todavía nos encontramos. Hoy son muchas las incertidumbres que tenemos sobre el futuro cercano. No es posible aún evaluar con exactitud las consecuencias que la Covid-19 acabará teniendo. Sin embargo, hay dificultades y retos que ya sabemos que vamos a tener que gestionar, y ante esta realidad no debemos esperar a que la incertidumbre se despeje totalmente para comenzar inmediatamente a actuar.
Son multitud las empresas que en España ya han cuantificado un impacto relevante en su flujo de caja de los próximos meses como consecuencia de la paralización provocada por las necesarias medidas de confinamiento. Además, perciben que la fase de reactivación, que seguirá a la actual de hibernación, incrementará las necesidades de inyección de liquidez sustancialmente. Todo ello en una situación de mercado que generará una demanda débil durante un tiempo, a día de hoy incierto, pero previsiblemente largo. Las empresas con fortaleza financiera y patrimonial tendrán más recursos para aguantar durante más tiempo, pero aquellas que carezcan de esa posición se enfrentarán a momentos muy complicados.
Será en esa coyuntura de riesgo e incertidumbre cuando las empresas y sus administradores van a tener, no sólo que gestionar desafíos de negocio y de liquidez en escenarios complicados, sino que también deberán reevaluar su viabilidad y solvencia, en un contexto que puede tener consecuencias muy negativas para ellas, pero también para el valor agregado del tejido empresarial en España.
Nuestra legislación fija la insolvencia empresarial como un hecho objetivo y establece que, una vez detectada, los administradores sociales deben activar las medidas protectoras previstas, el preconcurso o solicitar el concurso directamente. Si no lo hacen, tienen riesgo de asumir responsabilidades patrimoniales personales. En entornos extraordinarios como el que afrontamos, la insolvencia es una situación cuya verificación exige la valoración de muchas circunstancias y tiene numerosos matices. Sin embargo, es indiscutible que el valor de una empresa es infinitamente mayor si se mantiene al margen de una situación concursal. No hay duda de que el peor sitio para gestionar una empresa es un juzgado.
Por todo ello, creemos que es momento de ser ágiles y tomar medidas audaces para proteger a los administradores en su intento de mantener sus negocios. Debemos evitarles el dilema de elegir entre su legítimo intento de preservar todo el valor posible de sus empresas y su responsabilidad y patrimonio personal. Debemos incentivarles para que apuesten por sus empresas, las financien y asuman el riesgo empresarial, con una red de protección.
España y varios países de nuestro entorno han decidido suspender o retrasar las obligaciones de presentar concurso. La táctica del dique de contención es válida siempre que sepamos su profundidad y no rebose. A nuestro juicio, serían razonables más medidas excepcionales que conjuguen la exención temporal de presentar concurso en unos casos con otros mecanismos que faciliten la adopción de medidas de restructuración profundas y valientes. Canalizando en un estadio muy temprano a cada empresa hacia el proceso adecuado, en función de su tamaño, complejidad y, en definitiva, su viabilidad al margen de su falta de liquidez. De ese modo se conseguirán al menos dos objetivos: el saneamiento ordenado del tejido empresarial basado en la viabilidad económica real a medio y largo plazo, y permitir que extrajudicialmente se lleven a cabo medidas de salvamento de situaciones críticas o con alto grado de incertidumbre. Para esas medidas, será necesario introducir, con urgencia, modificaciones legislativas que busquen el mantenimiento de la actividad de empresas viables que, debido a la situación excepcional que estamos viviendo, puedan ser consideradas como insolventes de acuerdo con los criterios de la legislación vigente.
En definitiva, estamos ante una crisis de profundidad e impacto aún incierto pero que, sin duda alguna, es excepcional. Debemos actuar con celeridad y firmeza para defender el potencial de nuestro tejido empresarial y evitar que un concepto jurídico pensado para tiempos ordinarios enfrente a muchos administradores al complejo dilema de tener que concursar compañías que, con algo de tiempo y un proceso de reestructuración adecuado, serían viables y ayudarían a mantener el futuro de nuestra economía.
Artículo de opinión publicado en Expansión el 21 de abril de 2020.
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