Para hacer frente al impacto que esta crisis originada por el Covid-19 está teniendo en las empresas y mitigar en la medida de lo posible sus repercusiones en nuestra economía, el Pleno del Consorcio de la Zona Franca, solidario en su papel de agente de desarrollo, ha aprobado una serie de medidas urgentes cuyos primeros beneficiarios serán las entidades instaladas en los distintos inmuebles y polígonos del Consorcio. Se estima que la cantidad a condonar en las rentas de los meses de marzo y abril seguramente oscilará entre 710.000 y 1.420.000 euros, aunque dicha cifra depende de lo que declaren las empresas que haya bajado su facturación en dicho periodo.
A todos ellos, y como norma general, la Zona Franca les exonerará del pago de la renta o del canon de servicio o la bonificación su importe sin que ello suponga una modificación de los contratos de arrendamiento o prestación de servicios suscritos. En caso de que los beneficiarios de estas medidas obtuviesen otras ayudas públicas destinadas a financiar sus gastos de arrendamiento, éstas primarán sobre las medidas aprobadas por el Consorcio, de manera que el beneficiario deberá proceder a la devolución de los importes económicos que haya recibido. Para la aplicación de estas medidas es necesario que el interesado realice una solicitud previa y que, en los casos en que sea un requisito el descenso de facturación, se acredite el mismo.
Las rentas y los cánones por servicios prestados correspondientes al mes de abril de 2020 no se cobrarán en abril y serán facturadas (en las cuantías que resulten de la aplicación de las medidas contempladas) en la primera quincena de junio de 2020. Asimismo, en esta facturación que se emitirá en junio, se incluirán también los abonos por corrección o bonificación de las rentas y cánones de servicio del mes de marzo. Del mismo modo las rentas y cánones correspondientes al mes de mayo de este año también se cobrarán en junio. Las rentas correspondientes al mes de junio se facturarán en julio.
Específicamente, se acordó eximir de la renta de marzo y también de la de abril en el caso de que se extienda a ese mes la declaración del estado de alarma, a todos los inquilinos de locales destinados a restauración y, en general, a aquellos locales que, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, que declara el estado de alarma y el artículo 7 del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, han tenido que suspender su actividad y/o paralizar su apertura al público:
A todos los Emprendedores, localizados en el CIE A Granxa en O Porriño, en el vivero del Centro de Negocios, del Edificio Tecnológico y de los talleres industriales de Porto do Molle en Nigrán, y en la Casa do Reloxo en Baiona la Zona Franca les exime del canon de servicio de marzo y el de abril, si continúa la alarma. Para los usurarios de espacios de coworking se aprobó la exención de renta mientras se mantenga el cierre de estos espacios.
El Pleno acordó facultar al Delegado del Estado para que sea él quien apruebe o deniegue la exención o bonificación que corresponda a cada uno de los potenciales beneficiarios de las medidas aprobadas.
En el caso de sociedades participadas en las que se haga necesaria una inyección adicional de recursos financieros, se estudiarán de forma individualizada las necesidades y la instrumentalización de una posible nueva inversión atendiendo a sus circunstancias actuales y a la situación de VIGO ACTIVO S.C.R. en cuanto al cumplimiento de los coeficientes obligatorios recogidos en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre de Sociedades de Capital Riesgo, de forma que o bien se produzca una entrada directa en el capital de la sociedad invertida o bien se articule un préstamo participativo capitalizable (por ejemplo 25.000€ adicionales en el caso de VIA GALICIA o BFA) a la sociedad que lo solicite y esté impactada directamente) o una novación de los existentes en caso de que se simultanearan ambos tipos de inversión.
En el caso de sociedades a las que se hubieran concedido préstamos participativos, se estudiarán las necesidades de novación de las condiciones de los mismos, tanto de los importes dispuestos, de los plazos de devolución o periodos transitorios de carencia (aplazamiento de las cuotas correspondientes a marzo y junio) o de la modificación de las ventanas de capitalización de los mismos.
En el caso de nuevas inversiones sin participación previa de VIGO ACTIVO, las mismas se articularán “preferentemente” a través de la entrada directa en capital con ventana de salida en función de una serie de condiciones pactadas, tal y como viene siendo habitual.
En la misma sesión que se acordó adjudicar el contrato de “Arrendamiento de industria del Centro Comercial A Laxe, en Vigo” a la única oferta presentada por la UTE OPTIMA ASSET MANAGEMENT IBERICA, S.L.-OPTIMA ASSET MANAGEMENT, S.L. por una renta anual de un millón trescientos un mil euros IVA excluido y, dado que todavía la gestión corre a cargo de Zona Franca, el Pleno acordó no cobrar a los arrendatarios de locales y zonas comunes del centro comercial obligados a cerrar por imperativo legal, el pago de la renta y los gastos de comunidad mientras persista el cierre del establecimiento, como tampoco lo hará a aquellos otros que aun pudiendo abrir sus instalaciones han procedido a su cierre por falta de público.
COMPRA DE EDIFICIOS Una vez que el pasado día 20 de este mes el gobierno local de Vigo ratificó la propuesta definitiva de venta del edificio del antiguo Rectorado de la Universidade de Vigo y el anexo, situados en las calles Arenal y Oporto, a la Zona Franca y dado que ya en diciembre de 2018 se había facultado al Delegado del Estado a formalizar dicha compra por 5.615.168 euros, en el Pleno de hoy se ha anunciado que en los próximos días, y cuando la situación lo permita, se firmarán las escrituras ante notario. Se cierra así un largo proceso de negociaciones entre Zona Franca y el Ayuntamiento de Vigo iniciado en el año 2014.
Este edificio levantado a finales del S XIX con un proyecto clasicista de Manuel de Uceda para ser residencia particular de Fernando Carreras, ha sido también sede del Banco de España, Gobierno Militar, sede del Rectorado de la Universidad de Vigo y actualmente estaba dedicado a dependencias municipales. Con su compra, Zona Franca se hace con la propiedad de una de las construcciones más nobles de Vigo que dispone de una superficie de 2.782 metros cuadrados, y del edificio anexo de 991 metros cuadrados donde estaban las oficinas locales de la Diputación, con lo que podrá instalar su sede en pleno centro de la ciudad. El actual edificio del Consorcio de 2.365 metros cuadrados, situado en el área portuaria de Bouzas en régimen de concesión administrativa otorgada por la APV, se dedicará a uso empresarial “para cubrir la demanda de empresas y autónomos que precisan suelo en régimen franco” según explicó David Regades.
El máximo órgano de decisión de Zona Franca también ha acordado en su sesión la adquisición del inmueble situado en el número 27 de la calle Real de Vigo, por un importe de 796.703,50 euros más IVA. La compra de este inmueble que se destinará a albergar las instalaciones de la asociación Down Vigo, se ha podido realizar una vez que se han superado los tramites internos del Consorcio del Casco Vello y el acuerdo sobre las tasaciones inmobiliarias de ambos organismos. Es intención de la Asociación Down Vigo destinar dicho inmueble a ser su sede principal en Vigo albergando el resto de los servicios, e incluso, una cafetería abierta al público que será regentada y atendida por los propios asociados. Zona Franca le comprará ahora el edificio, que a penas conserva su fachada, al Consorcio Casco Vello, redactará el proyecto y realizará la obra para, posteriormente, alquilarlo íntegro a la Asociación Down Vigo.
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