Nuevas caras pero viejas reivindicaciones en la patronal del capital riesgo

Por Mamen Ponce de León / Expansión

Javier Ulecia y Juan Luis Ramírez asumieron respectivamente la presidencia y la vicepresidencia de Ascri, asociación que agrupa a las gestoras y agentes del capital riesgo con actividad en España, en el arranque del año. Desde entonces apenas ha pasado un mes, por lo que casi no han empezado a rodar en el cargo. Pero estas pocas semanas sí han servido para que exploren –con el resto de la junta directiva–, cuál será la hoja de ruta que seguirán como voces de la patronal hasta diciembre de 2016 y cuáles, las contiendas a enfrentar.

Y algo parece evidente ya. Los nuevos representantes de la industria española del capital riesgo heredarán una vieja reivindicación: la relativa a los topes que la regulación impone a las comisiones en cascada de los planes de pensiones, y que son piedra de toque para que éstos se conviertan –como ocurre en otros países– en sponsors destacados del private equity. Fuentes de Ascri constatan que ése continuará siendo el principal campo de batalla.

Los fondos de pensiones tienen posibilidad de invertir en activos no líquidos –como son los del capital riesgo– desde hace años. Sin embargo, en la práctica, casi no lo hacen. Según los datos del Observatorio Inverco, al acabar 2014, de los 100.000 millones de patrimonio que gestionaban los fondos de pensiones en España, sólo 600 millones estaban invertidos en activos de capital riesgo. Lo que representa un 0,6% del total.

Y aunque son varios los factores que pesan en esa apatía, hay uno que sirve como obstáculo de entrada: las restricciones que el reglamento de planes y fondos de pensiones establece a las comisiones que aplican estos vehículos de ahorro a largo plazo. En el artículo 84, se especifica que «en ningún caso las comisiones devengadas por la entidad gestora, incluyendo las retribuciones correspondientes a las entidades en las que se hubieran delegado funciones, podrán resultar superiores, por todos los conceptos, al 1,5% anual del valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse».

Desde Ascri entienden que este techo, que afecta tanto a la gestora del fondo de pensiones como a terceros a los que se les encargue la gestión de ese patrimonio, es «un incentivo» para que estos vehículos no inviertan en capital riesgo, industria donde únicamente la comisión de gestión ronda el 2% anual (y a la que es habitual que se añadan otras sobre la rentabilidad y de éxito). Si el gestor del fondo de pensiones sólo puede recibir un 1,5% en concepto de comisión, difícilmente estará dispuesto a pagar un porcentaje similar o incluso mayor por la inversión en activos de private equity.

De ahí que los sucesivos portavoces del lobby del capital riesgo hayan presionado desde hace años para que se suprima ese límite conjunto, y que sean los partícipes –en última instancia– los que valoren si les compensa pagar una cantidad extra a cambio de optar a los retornos que genera el private equity.

Exposición de motivos

La reclamación de Ascri respecto a las comisiones en cascada se asienta sobre tres razones. Una, la equiparación de la regulación de los fondos de pensiones con la del resto de instituciones de inversión colectiva, como los fondos de inversión, donde no existe este veto. Segunda, la convergencia hacia las leyes que rigen en otros países, donde el ahorro de las pensiones es uno de los surtidores de recursos más relevantes para el private equity. Y tres, las bondades de apoyar el desarrollo del capital riesgo. En la patronal alegan que esta industria reporta grandes beneficios a la economía, ya que es un instrumento para la consolidación y la expansión de las empresas.

Aunque la argumentación está construida y bien aprendida –y hay voluntad de seguir insistiendo–, la probabilidad de que esta petición cale en las autoridades es más bien escasa. De hecho, los anteriores portavoces de Ascri –con Carlos Lavilla, a la cabeza– trasladaron el año pasado sus demandas a los responsables del Ministerio de Economía en varias reuniones. Y la respuesta obtenida fue contundente: no se abriría el bloqueo a las comisiones. Dada la proximidad del rechazo, no parece que existan garantías de éxito en la reivindicación. Como poco, mientras persista el actual Gobierno.

Además, dentro de la propia patronal admiten que eliminar el límite conjunto no significará que los gestores de los fondos de pensiones vayan a volcarse automáticamente con las inversiones en capital riesgo. Con todo, sí son conscientes de que ésta es «la principal traba sobre la que se puede actuar legislativamente», por lo que no tienen intención de resignarse y renunciar a sus aspiraciones.