Históricamente, las compañías han lidiado con riesgos operacionales, sectoriales o geopolíticos, pero la pandemia por COVID-19 ha supuesto un desafío no previsto, que exige una rápida adaptación por parte de las empresas.
Con la finalidad de aliviar el estrés global que está suponiendo esta situación en sectores críticos para el mantenimiento de la asistencia sanitaria, así como para limitar el impacto en el sistema empresarial y financiero; los gobiernos, reguladores e incluso las propias organizaciones han empezado a tomar una serie de decisiones encaminadas a reducir la burocracia y facilitar la continuidad de las actividades.
De esta forma vemos que se han flexibilizado requerimientos regulatorios, se están permitiendo actividades colaborativas entre competidores, que en otro momento podían considerarse sospechosas, y se ha generalizado el teletrabajo, facilitando determinadas actuaciones que hace un mes hubiesen requerido muchas más aprobaciones y autorizaciones.
En este entorno tan retador, las organizaciones se han centrado en el mantenimiento de la actividad, garantizando el servicio al cliente y los empleos.
A pesar de esta situación y, en contra de lo que se podría esperar, por tratarse de funciones de soporte, los roles de los Chief Compliance Officers (CCO) y los profesionales de Auditoría Interna se tornan relevantes para el sostenimiento de las organizaciones en el medio y largo plazo. La vigilancia de las actividades desarrolladas por las organizaciones, en este período de crisis, puede resultar crítica para evitar incurrir en incumplimientos o actividades irregulares que pudieran derivar en posibles sanciones más adelante. No olvidemos, que las compañías siguen siendo responsables de los fallos e incumplimientos que en ellas se gesten, siendo de especial riesgo las actuaciones realizadas en áreas como:
De hecho, reguladores como el Departamento de Justicia Americano (DOJ) o la Oficina antifraude británica (SFO) han afirmado que seguirán su labor de investigación para detectar actividades ilícitas llevadas a cabo durante la presente crisis y que procederán a sancionar en consecuencia. Por lo que el hecho de flexibilizar determinadas prácticas para facilitar la actividad económica no ha de tomarse como justificante de los incumplimiento regulatorios o de la comisión de actividades ilícitas que pudieran llegar a beneficiar a dichas organizaciones.
De esta forma las funciones de compliance y auditoría interna, ahora más que nunca, no pueden bajar la guardia y se vuelven imprescindibles como soporte del Consejo para monitorizar y asegurar que la organización y sus empleados cumplen tanto con los requerimientos internos, como con los regulatorios, y que no se incurre en una dejadez de funciones de supervisión y seguimiento.
Compliance officers y auditores internos, ante este reto sin precedentes, deben permanecer alerta, vigilantes y han de dar un paso al frente para ayudar a sus organizaciones, previniendo, detectando y respondiendo, demostrando así su proactividad y confiabilidad como socios del Consejo.
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