Un informe de Deloitte analiza el auge de la financiación sostenible en el marco de la transición energética y de los objetivos de descarbonización a 2050.
La sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental para la creación de valor futuro en las empresas. La rentabilidad de las compañías ahora va más allá de los balances trimestrales y de la cuenta de resultados. El impacto de los negocios en el medio ambiente y la sociedad ahora cuenta más.
El sector energético juega un papel clave en la transición hacia un desarrollo económico, ambiental y socialmente sostenible. Este informe, realizado por Naturgy y Deloitte, muestra cómo la industria de la energía debe ser consciente de su función en este gran desafío.
La ONU estima que los planes de desarrollo sostenible pueden generar, al año, más de 12 billones de dólares en oportunidades de inversión y más de 380 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo. Para apoyar estos esfuerzos, la Comisión Europea prevé movilizar al menos un billón de euros durante la próxima década.
En España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 ha cuantificado la inversión de más de 241 mil millones de euros en la próxima década en proyectos de desarrollo sostenible orientados al impacto en el medio ambiente.
Las empresas energéticas, como agentes fundamentales de esta transformación, tienen un papel transversal, pues pueden generar impactos positivos desde sus núcleos de negocio y pueden ayudar a otros sectores a dar un paso en materia ambiental y social. La incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 serán la piedra angular para alcanzar un desarrollo sostenible.
Las finanzas sostenibles son aquellas inversiones que tienen en consideración aspectos financieros, como la rentabilidad, el riesgo, la liquidez, además de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés).
Según MSCI, este tipo de finanzas tiene un menor nivel de exposición al riesgo y ofrece mayores dividendos, aunque esté en pleno despegue. En 2020 la deuda sostenible aumentó interanualmente un 29,5%, hasta llegar a los 732.100 millones de euros. Solo en España, se alcanzaron los 33.026 millones de euros en financiación sostenible el año pasado, un 45% más que en 2019.
Ahora bien, en materia energética es necesario reorientar los flujos financieros para generar un impacto sostenible. Por ejemplo, para cumplir los objetivos marcados por el European Green Deal (Neutralidad de gases de efecto invernadero en 2050) haría falta una inversión superior a 1 billón de euros entre 2021 y 2030. Es aquí donde las finanzas sostenibles adquieren mayor relevancia.
Lo que arrancó como una serie de iniciativas voluntarias por parte del sector financiero para ofrecer variantes en materia de sostenibilidad, se ha convertido en una rama fundamental de financiación en la actualidad.
Incluso la Unión Europea ha puesto la sostenibilidad en el centro de la recuperación económica de la zona, pues tres de los cuatro pilares del plan Next Generation EU se basan en factores de ESG para potenciar el crecimiento.
Los productos financieros sostenibles destacan así como una oportunidad rentable para cuantificar los esfuerzos ambientales, de buen gobierno y sociales. Principalmente se caracterizan por:
Objetivos
Naturaleza
En este listado de productos, los que más destacan actualmente son los bonos, que con características ESG, se han colado en los mercados de valores y de renta fija del mundo. La emisión de este tipo de deuda alcanzó en 2020 los 305.300 millones de dólares.
Los bonos sociales y sostenibles también han logrado despegar, los primeros con un máximo de 147.700 millones de colocación en el mercado el año pasado y los segundos con 68.700 millones de dólares en deuda durante 2020, casi duplicando los datos de 2019.
Si algo ha impulsado las finanzas sostenibles en el mundo y en el sector energético es la regulación. Los organismos que tienen a su cargo la estabilidad del sistema financiero y el fomento de la transparencia en el mismo han visto en este tipo de instrumentos una posibilidad para abordar los grandes problemas mundiales desde su sector.
Por ejemplo, la definición del Plan de Acción de Finanzas sostenibles de la Comisión Europea en 2018 es una hoja de ruta sobre las acciones a realizar para lograr un modelo financiero sostenible, seguro, estable y transparente. Este tipo de iniciativas ha llevado a crear un ecosistema más propio para desarrollar negocios sostenibles o con fundamentos ESG.
El desarrollo del plan de acción de la Comisión Europea en materia de regulación establece tres grandes objetivos:
Para aportar a estas metas, el sector energético tiene todas las de ganar. Más de un tercio de las actividades consideradas como potencialmente verdes por la Taxonomía de la UE pertenecen al sector de la energía.
En España, el banco central hizo públicas en 2020 las expectativas sobre la integración y gestión de los riesgos derivados del cambio climático y el deterioro del ambiente. No obstante, el país no ha desarrollado una regulación específica aunque la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España que se realizó en 2020 fijaba esto como una prioridad.
Se estima que el empleo generado por el sector energético alcanza los 58 millones de personas a nivel mundial. Del total, la mitad corresponde a industrias de combustibles fósiles. De allí que sea inevitable que la transición a energías renovables se haga de forma balanceada y ordenada, para mitigar los impactos del negocio y de los sectores interrelacionados.
En ese camino, la energía se incluyó en la Agenda 2030 dentro del objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura sostenible y moderna.
Se estima, que dentro de un escenario de transición sostenible, el empleo en el sector energético podría mostrar un crecimiento del 0,3% en 2030, con un impulso importante en América, Asia pacífico y Europa; y un peor desempeño en África y Oriente Medio.
Incluso, la Comisión Europea estima que en 2050, bajo un escenario de Transición Energética, podrían alcanzarse los 100 millones de empleos a nivel global.
Para lograr la neutralidad de emisiones, principal objetivo del European Green Deal, cada país y su industria deben hacer grandes esfuerzos. En el caso de España las inversiones necesarias se estiman en 241.000 millones de euros, de las cuales el 80% las realizarán actores privados.
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